¿Qué novedades trae la nueva Ley de Vivienda y Hábitat (Ley 2079 de 2021) sobre ordenamiento y planificación del territorio?

La Ley introduce importantes modificaciones a la Ley 388 de 1997 y la Ley 9 de 1989 entre otras normas, asociadas fundamentalmente a los planes de ordenamiento territorial, los planes parciales y espacio público. Otro aspecto a resaltar, es la modificación del artículo 30 de la Ley 2044 de 2020, el cual había eliminado el motivo de utilidad pública consistente en la: Ejecución de programas y proyectos de renovación urbana y provisión de espacios públicos urbanos. Con esta nueva modificación, se rectifica tal situación, incorporando nuevamente el literal c) original del artículo 58 de la Ley 388.

Planes de ordenamiento territorial

Frente a los planes de ordenamiento territorial (POT, PBOT, EOT), incorpora aclaraciones fundamentales en la concertación ambiental. Cambia el término de la concertación ambiental de 30 a 45 días. Igualmente, precisa la competencia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) en los eventos de no concertación, señalando que este interviene sobre los puntos de desacuerdo y dispone de 30 días a partir de la radicación por parte del municipio o distrito. Además, dispone la constitución de una mesa conjunta para la concertación cuando existan dos o más autoridades ambientales con jurisdicción en un municipio o distrito.

Frente a las acciones urbanísticas, señala que se trata de decisiones administrativas adoptadas mediante actos administrativos que no consolidan situaciones jurídicas de contenido particular y concreto, es decir, únicamente actos administrativos generales. Al respecto, es viable dicutir si existen actos administrativos de contenido particular que sean acciones urbanísticas como aquellos por medio de los cuales se expropian los terrenos y las mejoras cuya adquisición se declare como de utilidad pública o interés social.

En términos de participación democrática, dispone que el Gobierno Nacional reglamentará los mecanismos que garanticen su ejercicio en la formulación de los planes de ordenamiento territorial. Al respecto, se destaca que el fortalecimiento de la participación en los procesos de planificación es esencial para efectos de legitimar la toma de decisiones.

Planes parciales

En cuanto al procedimiento para planes parciales, entre otros aspectos, hace alusión a la concertación ambiental y ofrece precisiones que buscan brindar seguridad jurídica en los eventos de cambios normativos o decisiones judiciales que se presenten durante el trámite.

Dispone que la concertación ambiental cuando aplique, se llevará a cabo con base en el acto administrativo de viabilidad y en las normas ambientales vigentes al momento de su expedición. Incluye una condición novedosa, brindando la posibilidad al interesado de realizar los ajustes necesarios y reiniciar el trámite de concertación ambiental, dentro de un término máximo de seis (6) meses siguientes a su archivo. Lo anterior, permite que no sea necesario iniciar el trámite desde su etapa inicial, siempre que se lleve a cabo dentro de ese término de 6 meses. Pero, ¿qué sucede si los ajustes exigidos por la autoridad ambiental, implican una modificación a lo aprobado por la oficina de planeación?

Otro de los asuntos que aclara la norma es que si se produce un cambio normativo que afecte el proyecto, ocurrido entre la expedición del acto administrativo de viabilidad y su decreto de adopción, el solicitante del plan parcial tiene derecho a que el plan se estudie y apruebe con base en la norma urbanística vigente al momento de la expedición del acto administrativo de viabilidad, salvo que manifieste lo contrario.

Otra de las precisiones que incorpora, se refiere a la suspensión provisional por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del POT con base en el cual se formuló el plan parcial. En estos casos, el solicitante tiene derecho a que el plan parcial se estudie y apruebe con base en las normas vigentes al momento de la expedición de dicho POT, siempre que en la providencia que adoptó la suspensión no se haya incluido disposición en contrario.

Espacio público

En materia de espacio público, realiza modificaciones importantes asociadas a competencias en su administración, mantenimiento y aprovechamiento económico. Así, le corresponde al concejo municipal o distrital crear entidades responsables de administrar, defender, desarrollar, mantener y apoyar financieramente el espacio público, el patrimonio inmobiliario y las áreas de cesión. Por su parte, los alcaldes pueden crear dependencias u organismos administrativos con autonomía administrativa y financiera sin personería jurídica con esos mismos fines.

Señala la competencia de los alcaldes para reglamentar la administración, mantenimiento y aprovechamiento económico del espacio público y su entrega a particulares. Para estos efectos, remite al Capítulo XVI de la Ley 489 de 1998 que se refiere al ejercicio de funciones administrativas por particulares y permite la ocupación temporal de los bienes de uso público, mediante la expedición del acto administrativo respectivo. De esta manera, precisa de forma definitiva la facultad reglamentaria del alcalde y su potestad para entregar a los particulares a través de distintos instrumentos.

Un aspecto esencial es la incorporación de la presunción de derecho de la inclusión de la cláusula de reversión (Leyes 80/93 y 1150/07) en los actos y contratos de Aprovechamiento Económico del Espacio Público que opera una vez se extinga el plazo. Esta presunción, evita que se presenten conflictos posteriores en la restitución de dichos bienes.

Finalmente, en cuanto a la declaratoria de espacio público dispone que puede ser sobre la totalidad o parte de un predio y elimina que el acto administrativo de declaratoria haga las veces de título de propiedad a favor de la entidad territorial como lo establecía inicialmente la Ley 2044 de 2020.

Observatorio de Ordenamiento Territorial

La Ley conforma el Observatorio de Ordenamiento Territorial que deberá seguir las recomendaciones de la COT (COT 027 del 20/02/2020), con el fin de:

  • Recopilar, analizar y disponer de información técnica a nivel nacional para soportar técnicamente, la formulación y toma de decisiones en materia de políticas públicas de ordenamiento territorial.
  • Ejercer el monitoreo, seguimiento y evaluación de estas políticas y de los desarrollos legislativos.
  • Establecer el avance en la implementación y resultados de políticas públicas y desarrollos legislativos en la materia, en los niveles regional, departamental, distrital y municipal.

El observatorio estará conformado por entidades de la Comisión de Ordenamiento Territorial creada por el artículo 4 de la ley 1454 de 2011 y las demás entidades del Gobierno Nacional con competencia legal en asuntos de ordenamiento territorial. Por su parte, la base geográfica del observatorio será el Sistema de Información Geográfica para el Ordenamiento Territorial – SIGOT, administrado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), siguiendo con las disposiciones técnicas de la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales (ICDE), para asegurar la interoperabilidad con las diferentes instituciones.

Finalmente, consagra que el Ministerio del Interior, con el acompañamiento del DNP, el Ministerio de Vivienda y de las demás entidades competentes en la materia, reglamentará los aspectos necesarios para el funcionamiento del Observatorio.

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